Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, enviamos equipos de evaluación a Oaxaca, Morelos y Puebla para identificar los daños, pero sobre todo, para conocer las necesidades de las personas afectadas.

Encontramos que el gobierno mexicano tiene los recursos y capacidades para cubrir gran parte de la respuesta, la recuperación y la reconstrucción. Pero también detectamos que la ayuda que está llegando a las personas es muy desorganizada, a veces está condicionada y no en todos los lugares llega a las personas más vulnerables.

Hemos recaudado recursos para implementar una estrategia de respuesta de 18 meses de duración, de octubre de 2017 a marzo de 2019.

De los 186 municipios con declaratoria de emergencia en Morelos, Puebla y Oaxaca, daremos prioridad a aquellos en los que haya más daños significativos para proteger los derechos de las personas afectadas.

En particular donde existe riesgo de que las personas sean excluidas y discriminadas de la respuesta institucional. Por ejemplo, quienes viven en asentamientos irregulares y que no podrán acceder a los apoyos gubernamentales para la reconstrucción.

Trabajaremos de manera conjunta con otros actores de la sociedad civil y gobierno y diseñaremos distintas soluciones para mujeres, hombres, niños y niñas; personas indígenas, personas en pobreza, etcétera. No podemos apoyar a todxs de la misma manera, porque todxs tienen necesidades distintas y específicas.

Actuaremos en tres áreas:

Agua, saneamiento y promoción de la higiene (WASH) en viviendas temporales

• Financiamiento e instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua.

• Construcción o rehabilitación de soluciones para el manejo de excretas (baños ecológicos, letrinas, etc) y residuos sólidos.

• Difusión de información y capacitación para la promoción de buenas prácticas de higiene.

• Mecanismos de retroalimentación y monitoreo para saber si lo población está utilizando las soluciones provistas.

Protección de derechos

• Análisis de protección y género a profundidad

• Sistematización y difusión de información sobre los derechos de las personas afectadas y las obligaciones de las autoridades en sus tres niveles de gobierno

• Facilitación de un proceso de exigibilidad y acceso a derechos, asesoría legal, apoyo para transporte

• Capacitación a funcionarios sobre los principios humanitarios y cabildeo para que la distribución de la ayuda y los apoyos para la reconstrucción, se realice en apego a los derechos de las personas.

Preparación

• Análisis de riesgos

• Elaboración de mapa de riesgos

• Elaboración de sistemas de alerta temprana comunitarios

• Incidencia en políticas públicas (reglamentos municipales y presupuestos)

Además de la respuesta en terreno, estamos trabajando con otras 29 organizaciones en la plataforma cívica #Epicentro para vigilar que los recursos destinados a la reconstrucción sean usados correctamente, que la reconstrucción se lleve a cabo con perspectiva de género y respetando los derechos de las comunidades y que haya consecuencias en casos de corrupción y mal manejo de recursos.