El 15 de noviembre, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) entregaba a Patricia Mayorga el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2017, por su trabajo como corresponsal de Proceso en Chihuahua; labor que la llevó a exiliarse tras recibir amenazas en tiempos del asesinato de Miroslava Breach, junto a quien documentó violencia, asuntos de corrupción y crimen organizado en ese estado.

Este reconocimiento al trabajo periodístico, que también fue entregado a Javier Valdez Cárdenas 6 años antes de que lo asesinaran en Sinaloa, coloca en el visor las dificultades de la labor periodística comprometida y la responsabilidad del Estado mexicano para que las y los periodistas puedan ejercer su labor sin miedo a sufrir represalias.

Y hablando de periodismo y medios de comunicación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo este mes a la organización Artículo 19, con lo que obliga al Congreso a legislar en materia de publicidad oficial, como debió haber hecho desde 2014. Con esto se pretende regular la compra de espacios en medios, que es hoy una de las formas más efectivas de manipulación de contenidos periodísticos por parte de los gobiernos.

También en noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió luego de tres años, la recomendación sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la “Acción Global por Ayotzinapa” del 20 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. La CNDH concluyó que hubo detención arbitraria de 11 víctimas, uso indebido de la fuerza que afectó la integridad y seguridad personal de 8 víctimas, violación a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión; criminalización de la protesta social y una larguísima lista de violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad personal.

Aunque tarde, la recomendación también contiene elementos de reparación integral del daño, cuyo cumplimiento debemos exigir. Son recomendaciones como éstas, que plantan cara a quienes violan derechos humanos, las que ponen en riesgo a las personas defensoras. Como muestra, el reciente asesinato el 20 de noviembre del Presidente de la CEDH de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho. La defensa de los derechos humanos no debería costarnos la vida y es responsabilidad del Estado revertir esta lamentable situación.

El día 16 se daban dos hechos históricos para los Derechos Humanos en México. Uno tenía lugar en el país con la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; esta ley tiene detrás años de trabajo de familias y organizaciones. El otro en Costa Rica donde Norma, Claudia, Bárbara, Angélica y Suhelen, describieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la tortura sexual y violaciones a derechos humanos que vivieron en mayo de 2006 en San Salvador de Atenco.

En todos estos casos, la espera ha sido muy larga y la justicia llega tarde, pero la recibimos y seguimos trabajando en los retos que se presentan con la implementación de leyes, recomendaciones y sentencias.

Démonos un respiro para reconocer lo logrado y exigir que las defensoras, defensores y periodistas puedan regresar de su exilio y desplazamiento a realizar su labor sin miedo a sufrir represalias y en condiciones de seguridad; y exijamos justicia y reparación para las mujeres violentadas en sus derechos en Atenco sin olvidar la aparición con vida de todas las personas desaparecidas.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor o autora y no necesariamente reflejan la postura oficial de Oxfam México

Crédito de las fotografías: Sonia Håkansson