En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, surgen diversos cuestionamientos relacionados con la falta de eficacia del Estado para atender la violencia contra las mujeres y las niñas, específicamente los feminicidios. También nos surgen dudas sobre los recursos que se destinan para este fin y cómo se utilizan.  

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2017), el 66.1% de las mujeres en México ha vivido algún episodio de violencia a lo largo de su vida, 16.7% ha vivido violencia sexual y 10.9%, violencia física.  

Del total de mujeres que vivieron violencia física y sexual, 88% no acudió a ninguna institución o autoridad a denunciar o pedir ayuda, entre los motivos manifestados se destacaron: a) desestimaron la importancia del evento, b) miedo a las consecuencias o amenazas, y c) falta de confianza en las autoridades.  

De acuerdo a la evaluación realizada por la Auditoría Superior de la Federación, a los programas de gobierno en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres del periodo que comprende del 2007 al 2017, se detectó que se ha registrado un escaso efecto debido, principalmente, a que no contaron con metas e indicadores de impacto específicos para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Los escasos resultados en la implementación de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres son una muestra de la falta de voluntad y compromiso de las y los tomadores de decisiones, y de quienes hacen las políticas públicas para avanzar en el adelanto de los derechos de las mujeres, así como en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios. 

La política de igualdad enfrenta problemas muy diversos: falta de coordinación interinstitucional para atender el problema, presupuesto limitado y falta voluntad de las instituciones responsables de las políticas en materia de igualdad y de acceso a una vida libre de violencia -como INMUJERES y CONAVIM- para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y además dar seguimiento, monitorear y evaluar las acciones implementadas. 

A esto se suma, la precariedad de las instituciones que imparten justicia en México, la corrupción y la impunidad. 

El panorama para el año entrante no se ve mejor, por lo menos no desde el punto de vista presupuestal. Si analizamos el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020, encontramos que los recursos del anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” se destinarán en un 50%, es decir, más de cincuenta y un mil millones de pesos a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. Ninguno de estos programas contribuye directamente a la política de igualdad, el adelanto en el ejercicio de los derechos de las mujeres, ni a la erradicación de la violencia contra las mujeres.   

Hacemos un llamado para que el Estado se comprometa con acciones contundentes para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como a destinar un presupuesto justo y suficiente para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor o autora y no necesariamente reflejan la postura oficial de Oxfam México