Colectivo @FuisteTu_mx

En 2016, se presentaron 2,563 casos de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, lo que equivale a un daño a la hacienda pública de $95.25 mil millones de pesos (1). Esto representa 24 veces el presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción, o el presupuesto completo de la UNAM y de las subsecretarías de educación básica, media y media superior de la SEP.

Cada una de las dependencias en donde se llevaron a cabo estas posibles irregularidades se encuentran en el “Ranking de dependencias que más preocupan” de @FuisteTu_mx, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que utilizando la información de la Auditoría Superior de la Federación identificaron a las 266 entidades de gobierno que tuvieron mayores irregularidades en el uso del dinero público en 2016.

En el deshonroso primer lugar de este ranking se encuentra el Gobierno de Chihuahua, quien al adquirir deuda estatal no pudo comprobar $10,437 millones de pesos. Con ese dinero se hubiera podido financiar la modernización de una carretera que recorra una tercera parte de la frontera con Estados Unidos y además construir un Puente Internacional (2).

El costo de los malos manejos de los recursos públicos es aún más indignante cuando notamos el impacto que tiene en la población más vulnerable.

Por ejemplo, existen $1,329.4 millones de pesos (3) del FISMDF (4) que debieron haber sido utilizados para mejorar la calidad del agua potable, alcantarillado, y drenaje en los municipios de mayor pobreza y rezago social, pero cuyo uso no ha podido ser comprobado. En municipios como San Juan Chamula, donde 9 de cada 10 habitantes no tiene acceso a servicios básicos de la vivienda, el 90% de los recursos de este fondo se “perdieron”. Con tan solo una cuarta parte de estos recursos, Chamula hubiera tenido 7 veces más inversión en agua potable que los destinados a este rubro en la ciudad de Guadalajara.

Si queremos comenzar a resolver este problema debemos centrarnos en mejorar los mecanismos para adquirir deuda pública estatal, y para ejecutar y distribuir las participaciones federales. El 46% del dinero que falta por comprobar en 2016 corresponde a estas áreas. Si lográramos evitar este tipo de irregularidades, se lograría aumentar el gasto público en $43,591 millones de pesos.

Un primer paso para lograr este cambio es exigir algo muy sencillo: que estados y municipios utilicen una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de las participaciones, y que reporten su destino y resultado al Ejecutivo Federal. Así mismo se debe lograr que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) se involucre, de forma obligatoria, en la distribución, determinación, liquidación y pago de las participaciones a municipios.

Un segundo paso es un cambio legal: reformar al Art. 1ro de la Ley de Adquisiciones que actualmente abre la puerta a que el sector público no aplique los procedimientos de contratación estipulados en la ley, siempre y cuando el proveedor, dependencia o entidad contratada, tenga capacidad suficiente para cubrir, sin contratar a un tercero para ello, por lo menos, el 51% del monto total del contrato.

Tan importante como estos primeros dos pasos es reconocer que existen muchas instituciones públicas que utilizan sus recursos con completo apego a la ley. En México existen funcionarios públicos de excelencia.

De hecho, el mismo colectivo @FuisteTu_mx, hizo un “Ranking de dependencias que da gusto”, mostró como 23 dependencias usaron $4,387 millones de pesos de recursos públicos sin incurrir en una sola irregularid en 2016. Esto equivale al presupuesto total del Senado o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entre las instituciones con buen uso de los recursos públicos destaca la Universidad Autónoma de Yucatán, que utilizó $1,671 millones de pesos sin irregularidades. Si no se hubiera utilizado bien este dinero, se hubiera dejado de proveer educación gratuita a casi 25 mil estudiantes de licenciatura y preparatoria de Yucatán.

Para conocer más sobre esta investigación de @FuisteTu_mx, visita www.fuistetu.org. Sólo a través del estudio detallado de la información de la Auditoria, podremos entender cómo las fallas en el uso de los recursos públicos debilitan los programas y políticas públicas del gobierno.

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(1)  Véase www.fuistetu.org.

(2) Estimaciones con base a obras realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

(3) Sólo se consideran pliegos dirigidos a municipios o delegaciones en 2016. Fuente: ASF, datos al 18 de julio de 2018.

(4) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Crédito de la fotografía: @Santiago_Arnau