Equipo de Investigación de Oxfam México
El aumento al salario mínimo es bueno, pero no es suficiente Equipo de Investigación de Oxfam México El pasado 17 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia de prensa matutina un incremento sustancial del salario mínimo general. Más tarde, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dio la buena nueva: a partir del 2019, el salario mínimo diario aumentaría de $88.36 a $102.68. Un incremento histórico de 16 por ciento, considerando que hasta hace un par de años, los incrementos anuales realizados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) habían sido modestos, promediando una tasa anual de 4 por ciento de 2000 a 2015.
Durante mucho tiempo, el salario mínimo decretado por la CONASAMI violaba flagrantemente la Constitución. De acuerdo con el artículo 123, los salarios mínimos deberán ser “suficientes para cubrir las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus hijos”. La última información -noviembre 2018- del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) indica que una persona viviendo en una localidad urbana necesita un mínimo de $3,061 al mes para satisfacer sus necesidades básicas. El salario mínimo general de 2018 tenía un valor mensual aproximado de $2,650, por lo cual no es suficiente para reducir la pobreza por ingresos.
Con el nuevo salario fijado en $102.68, el aproximado mensual sería de $3,080 al mes, lo cual cubriría la línea de bienestar. Esto es, sin duda, un gran avance en materia de justicia salarial. Sin embargo, si se toma en cuenta que normalmente una persona trabajadora tiene dependientes económicos, el aumento es insuficiente, porque el salario requerido para sacar de la pobreza a una familia de cuatro integrantes con dos personas laborando, tendría que ser de aproximadamente $205 pesos diarios, poco menos que el doble del nuevo mínimo.
México es un país de enormes desigualdades, donde la mitad de la población sigue sin tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2016, el ingreso promedio mensual per cápita del 10 por ciento más pobre de la población fue de $572.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el tercer trimestre del 2018, había alrededor de 8.5 millones de trabajadores y trabajadoras formales e informales (15% de la fuerza laboral) que percibían menos de un salario mínimo. Además, 15.1 millones (28% de la fuerza laboral) percibieron de uno a dos salarios mínimos. Esto quiere decir que, alrededor del 44 por ciento de la fuerza laboral no percibe salarios suficientes para salir de la pobreza, si se toman en cuenta dependientes económicos.
Aunque es claro que nuestro país necesita empleos mejor pagados para acabar con la pobreza, una de las críticas más comunes de algunos economistas es que subir artificialmente los salarios tiene efectos contraproducentes. Como bien lo explica el profesor investigador del Colegio de México Raymundo Campos en su artículo “Salario mínimo vs inflación”, la lógica de quienes así opinan es que, si el salario mínimo está por arriba del salario de mercado, se genera una distorsión de mercado que tiene como consecuencia más desempleo e inflación. Sin embargo, esto es sólo cierto con un mercado laboral competitivo.
Siendo el mercado laboral mexicano de bajos ingresos, un mercado no competitivo, esta afirmación no es necesariamente cierta. El profesor Campos explica que las empresas se ajustan a este incremento en el salario mínimo a través de precios o mejoras de eficiencia. El ajuste de precios depende de la proporción de gastos laborales de las personas trabajadoras afectadas. Este ajuste no sucede 1-1. Por ejemplo, la literatura económica nos dice que al aumentar 10 por ciento el salario mínimo, el nivel de precios aumenta, en promedio, sólo 0.4 por ciento. Esto se debe a que las empresas tienen otros mecanismos como canales de ajuste, como el de la eficiencia, donde se reducen costos operativos y se logran mejoras en la productividad. Un ejemplo de estos mecanismos es que ofrecer salarios más altos genera mayor estabilidad en el empleo y menos rotación, lo cual reduce los costos de contratación y entrenamiento.
Aumentar los salarios de las personas trabajadoras en mayor precariedad no es sólo normativamente correcto, sino que existe evidencia económica robusta de que podría reducir los niveles de pobreza sin tener, al menos en estos niveles, un costo económico alto en términos de inflación.
Se acabaron las excusas: es tiempo de promover políticas que dignifiquen el trabajo y aseguren un nivel de vida digno.
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Esta entrada fue publicada originalmente en HuffPost México
