La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de los sistemas de bienestar y protección social efectivos para amortiguar el golpe económico y social de cualquier crisis. Desde el punto de vista del bienestar social, los objetivos de las políticas públicas son muy claros: brindar protección social a toda la población, sacar a las personas de la pobreza, reducir las desigualdades y ofrecer capacitación para que contribuyamos plenamente a la sociedad. En esta charla se presentó una visión sobre cómo reforzar los sistemas de protección social y bienestar a la luz de los desafíos actuales y futuros.

María Elena Medina-Mora, miembro de El Colegio Nacional, coordinó este conversatorio que contará con la participación de Clara Jusidman, economista fundadora de INCIDE Social, A.C.; Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México; Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México; y el economista Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.

Compartimos aquí el discurso completo que presentó Alexandra Haas, directora de Oxfam México

El futuro del bienestar 

Buenas tardes. Quiero iniciar por agradecer a las doctoras Maria Elena Medina Mora y Julia Carabias por la invitación que me hicieron a participar en esta mesa, en el marco del encuentro sobre “La construcción de futuros posibles”. Compartir la mesa con Clara Jusidman, Mario Luis Fuentes y Gerardo Esquivel es un honor.  

Antes de la pandemia teníamos índices de pobreza similares a los de treinta años atrás. Algunos indicadores muestran mejoras, pero en los últimos treinta años, el porcentaje de la población en pobreza de ingresos apenas se ha movido. Son treinta años de política social, de transición democrática, de construir instituciones, luchar, dialogar, construir, y, sin embargo, el crecimiento económico fue magro y para muchas, muchos mexicanos, nulo. Fallaron varias cosas. Falló la expectativa de la economía del goteo. Mejoraron algunos empleos y sectores económicos pero hoy día, si naces pobre, permaneces pobre. Mejoró para ciertos sectores el alcance educativo, pero eso tampoco terminó por significar una escalera para subir y mejorar. Aún peor, si naces rico, permaneces rico. Lo merezcas o no. Estudies o no. Trabajes mucho o trabajes poco. Los cercos sociales están cerrados y nadie entra ni sale del cerco en el que nació. Estamos como en la época colonial pero peor porque no lo nombramos. Al contrario. Permanecemos arraigados a nuestros prejuicios sobre la clase (los pobres no trabajan, son flojos y no pagan impuestos), sobre el tono de piel (el mestizaje nos igualó), sobre el género (las mujeres no son de fiar ni tienen tanto talento como los hombres) o sobre la nacionalidad (México es de los mexicanos y cualquier extranjero que viene, abusa). Esto a pesar de que nos muestren datos que los contradicen, uno a uno. A pesar de que sabemos que nadie trabaja más que una persona en pobreza (ni se traslada más tiempo, ni paga todo más caro) y que las personas en pobreza pagan impuestos (y no pocos). Aunque tenemos claro que en un restaurante de lujo comen los blancos y trabajan los morenos. Nos han repetido que las mujeres somos iguales a los hombres (y tan diversas como ellos) y que los extranjeros, más que abusar, son víctimas del delito, de la discriminación y del aprovechamiento de autoridades y delincuentes. Pero nos detenemos en nuestros prejuicios porque enfrentarlos tendría que provocar un cambio en la distribución del poder y eso, hay quienes no lo van a permitir.  

¿Es realmente tan inexplicable la desigualdad, la pobreza, la falta de movilidad social?  

Desde Oxfam México pensamos que es bastante claro que lo que provoca esos males sociales es el diseño institucional y la toma de decisiones públicas. Estamos exactamente donde era lógico que estaríamos con las decisiones que se han tomado en el país. Y por públicas no sólo me refiero a las autoridades, sino a todas las personas e instituciones que tienen ascendencia sobre la vida pública. El sistema económico está diseñado para crear y sostener las desigualdades. Es un sistema que premia al capital de muchas maneras, pero principalmente hay dos grandes áreas donde se ha garantizado que el chantaje y la manipulación se impongan sobre las decisiones más correctas y sobre todo, justas.  

La primera área es la del mundo laboral. Seis días de vacaciones por año, un salario mínimo sin aumentos en dos décadas, cero reparto de utilidades, un sistema de resolución de controversias corrupto e ineficaz, la promoción de México como un destino excelente de inversión porque acá los salarios son bajos y no van a subir. Pero, sobre todo, por una serie de condiciones estructurales, la formalidad (aunque sea precaria, aunque sea frágil) es un lujo: están mejor quienes sí tienen contrato y aguinaldo y vacaciones, porque todos los demás (más del cincuenta por ciento de la fuerza laboral) trabaja en la informalidad, que ha derivado de decisiones conscientes de las autoridades y los actores económicos pero que se caracteriza como una gran masa de población que quiere “transarse” al Estado. Los que no cotizan, los que no pagan impuestos (aunque sí los paguen, ya sea por consumo o por derecho de piso). Como si la informalidad fuera una elección y no un destino trágico del que no se puede escapar. La informalidad condena a la gente a no tener una relación con el Estado en lo que a protección social y defensa de derechos laborales se refiere. La informalidad permite que las personas sean despedidas sin liquidación, que no reciban aguinaldo. Las despoja de facto de sus derechos y de la protección de éstos. La informalidad es un pacto amplio que mantiene al Estado al margen del destino de millones de familias. Y no es casual: 9 de cada 10 hablantes de lengua indígena están en la informalidad.  

Es tan evidente que el Estado ha creado estas condiciones y considera la precariedad como una piedra angular de nuestro sistema económico que las trabajadoras del hogar se tardaron veinte, treinta y cuarenta años en lograr formalizarse. Tuvieron que convencer al Estado de ser el Estado: exigían, exigen cobertura de seguridad social, reconocimiento de que trabajan, aguinaldo, vacaciones, un contrato, guarderías, licencias de maternidad. Lo normal. Lo que debería tener cualquier persona. Y el Estado se defendió un sexenio tras otro contra ese reconocimiento. Los sucesivos directores del IMSS y secretarios de Hacienda argumentaban que la incorporación de las trabajadoras del hogar al sistema de protección social de los trabajadores quebraría al IMSS. Pero no se veían alarmados por lo que su propio discurso indicaba: la fragilidad de las instituciones del Estado mexicano que no son capaces de realizar su función elemental. Que no son pensadas para la totalidad de la población sino solo para una parte. La incapacidad de tomar una decisión estructural, estratégica, nacional, de dotar de más recursos al sistema que se encarga (o debiera encargarse) de la salud, el cuidado, el retiro de las y los mexicanos.  

Y detrás de las trabajadoras están los repartidores, las jornaleras, los mariachis y los albañiles. Están millones y millones de mexicanas y mexicanos que viven al día, que trabajan más y en peores condiciones y que no van a poder ahorrar porque cualquier crisis -la Covid, por ejemplo- los regresa a la casilla cero, como en el juego de serpientes y escaleras. Hay pocas escaleras y muchas serpientes para ellos.  

La segunda área es la de la fiscalidad. La historia del siglo XX en México está plagada de momentos en los cuales la política fue capturada por los intereses económicos para impedir que se logre una verdadera redistribución del ingreso y de la riqueza. Prácticamente cada sexenio nos hemos hecho la pregunta de si “habrá condiciones” para una reforma fiscal, mientas que vemos una reducción del espacio fiscal, un aumento de la resistencia por parte de quienes deberían pagar más y un rechazo más intuitivo que informado de la opinión pública hacia los impuestos por la corrupción manifiesta e impune y por el deterioro de los servicios públicos. En México se recauda poquísimo: la mitad que en Argentina o en Brasil, una de las recaudaciones más bajas de la región como porcentaje del PIB. No hay impuestos a las grandes herencias, ni a la riqueza desmedida, ni una progresividad que le ponga freno a la acumulación desproporcionada, grotesca, de la riqueza. En México, se deducen los médicos y los colegios y los seguros particulares, sobre todo de los hogares de mayores ingresos, como si el Estado se tuviera que disculpar con quienes los pueden pagar y deducir, por el pobre servicio que ofrece en las escuelas y los hospitales públicos. En México, cada que se argumenta por una reforma fiscal, hay dos reacciones desde el poder: o negarse por razones políticas (es decir, asumir la captura como una realidad inamovible) o afirmar que hay que empezar “por la señora de las quesadillas”. Es decir, se piensa que el gran problema de la fiscalidad es la enorme masa de personas que trabajan en la informalidad. Ese grupo que, como veíamos hace un momento, clama por el reconocimiento y la protección social del Estado y no lo ha obtenido, porque el propio Estado se resiste. Y mientras esos son los términos de la conversación, los mil millonarios mexicanos salen en las listas de los más ricos del mundo y no sienten de ninguna manera una amenaza a la integridad de su patrimonio, que ven incluso crecer en tiempos de crisis como los que vivimos. Saben que el Estado mexicano es débil, que no es una verdadera autoridad. Saben que van a comprar la política fiscal, y si eso falla, comprarán la justicia. Y ahora eso también lo sabe el crimen organizado y desorganizado, en todos los niveles y todos los espacios.  

La falta de una reforma fiscal que permita redistribuir más recursos públicos tiene un impacto directo en el deterioro de la relación del Estado con la ciudadanía. Nos acostumbramos a descontar al Estado como proveedor de los servicios básicos de salud, educación y cuidados, y por lo tanto, lo dejamos de mirar como un garante de los derechos. Si el Estado no se da abasto, si no hay medicinas en el centro de salud ni suficientes médicas y enfermeros en las clínicas públicas, ahí está el mercado, con sus servicios deficientes y precarios pero disponibles. Si el Estado no ofrece educación de calidad o constante, ahí también está el mercado, listo para cobrar muchos de los ahorros de las familias que buscan un mejor futuro para sus hijos e invierten en educación privada que, de acuerdo con los índices internacionales que miden a México, no es de mejor calidad que la pública pero tiene mejor fama.  

Hasta ahí, mi intento de explicar por qué pienso que estamos exactamente donde tenemos que estar dadas las decisiones que se han tomado desde el poder. Ahora, el futuro, que es lo que nos convoca el día de hoy.  

Hay una serie de cambios en el mundo laboral que nos deben animar: el aumento del salario mínimo, la democracia sindical, una iniciativa para ampliar las vacaciones, la incorporación de las trabajadoras del hogar al sistema de seguridad social, todo ello ocurrido en los últimos cuatro años nos debe alentar respecto del potencial de la transformación de ese mundo que es crucial para el bienestar de México. Hay muchísimos temas por resolver, unos del ámbito específico de la relación entre trabajadores y patrones, que debería estar encabezado por un sistema efectivo de inspección y justicia laboral. Otros del ámbito del diseño presupuestal e institucional, a través de un replanteamiento de la dicotomía de la formalidad y la informalidad en el empleo y una separación del tratamiento de las pensiones, los servicios de salud y los cuidados como temas distintos.  

En el ámbito fiscal, más duro y más complejo, hay que voltear a ver a América Latina: Chile y Colombia han optado, por la vía democrática, por gobiernos que ponen sobre la mesa un nuevo pacto fiscal, como núcleo de un nuevo pacto social que permita sortear además las transiciones que atravesamos. Las sociedades de ambos países reconocen la urgencia de cambiar las reglas del juego y han puesto el poder en manos de las alternativas políticas que ofrecen un cambio de paradigma. 

¿Por qué tanto Petro como Boric proponen reformas fiscales al inicio de su gobierno? Porque saben que responden a la promesa de acortar las brechas de desigualdades, que son lo que ha envenenado a las sociedades latinoamericanas en los últimos veinte años. Y también porque saben que los cambios que no comienzan por una seria redistribución del ingreso y de la riqueza, son cambios cosméticos y no estructurales.  

Las crisis latinoamericanas han precedido a las europeas, y quizá eso explique por qué es precisamente aquí, en nuestra región, en la que estamos observando mayor capacidad de plantear cambios verdaderamente revolucionarios. Además de ser la región más desigual, enfrentamos de manera muy particular al menos tres transiciones: la primera es la transición demográfica, que nos convierte en sociedades que envejecen, cuyo bono demográfico está quedando atrás, y que no tienen resueltos (y en ocasiones ni pensados) los temas de pensiones y cuidados); la transición ambiental, que nos pone de frente un escenario catastrófico y absolutamente global, en el que debemos repensar hasta el concepto de crecimiento económico como eje del desarrollo y valorar otras dimensiones vitales para la supervivencia de la humanidad, como la conservación; y la transición digital, que transformará el mundo del trabajo, la interacción entre gobierno y ciudadanía y, por supuesto, revoluciona la comunicación.  

Ante estas transiciones, los gobiernos pueden seguir como siempre. Pueden conceder a los poderes económicos la libertad de explotar recursos y personas, de concentrar los ingresos y la riqueza en unos cuantos, la conducción del desarrollo con la meta de ampliar sus ganancias. O puede repensarse a la luz de los nuevos equilibrios de poder.  

Veo tres maneras en la que el Estado tiene que reaccionar para lograr alcanzar el tan anhelado bienestar: la primera es volver a mirar la enorme cantidad de funciones y de poder que tiene y ejerce. El Estado educa, determina los contenidos de los libros de texto, controla miles de cosas en la vida nacional, en lo cotidiano y en lo estratégico. Tiene una enorme capacidad de hacer y de influir.  

La segunda es que el Estado recupere funciones que ha perdido. Puede seguir por el camino de las transferencias de efectivo, que son medidas importantes para suplir algunas de las necesidades más básicas con autonomía para quienes reciben ese ingreso y pueden tomar sus propias decisiones, pero tiene que volver a ser el proveedor primario de la salud y de la educación, entre otros derechos; tiene que supervisar que se cumplan las reglas e invertir más donde más se requiere. Tiene que poder recaudar más y mejor de quienes más generan, y sumarse a la corriente mundial y regional.  

Finalmente, el Estado tiene que reconocer que la idea de supremacismo nacionalista no es viable y tiene que resituarse como un facilitador de conversaciones y un creador de espacios de innovación para responder a las nuevas necesidades de los distintos sectores de la población.  

Tenemos que dejar ir la idea falsa de que las sociedades tienen total desconfianza de la institucionalidad. Una y otra vez, las personas se presentan a votar, renuevan sus votos de confianza con las autoridades de muchas maneras, acuden a instancias cada vez más diversas, y globales. Las defensoras de la tierra de América Latina están organizadas para hacer cumplir el Acuerdo de Escazú, las trabajadoras del hogar exigen el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT. Quienes han sido marginadas de las tomas de decisiones están mostrando mayor institucionalidad que las propias instituciones del Estado. Ahí hay una clave para comprender que no todos son grupos de interés que jalan para un lado u otro, sino que tienen una capacidad de alineación a intereses globales de mayor justicia, mejor desarrollo y más bienestar.   

 El futuro del bienestar está fincado, entonces, en la capacidad del Estado de cuestionarse la captura, de combatir el chantaje, de concebirse como una voz primordial pero no única en el concierto global, y de tomar decisiones difíciles y comunicarlas bien. En 1984, la novela de George Orwell, el Estado temido era el Estado controlador. Esa es una distopía no lejana dada la transición digital y sus problemáticas. Pero hay otra distopía que tampoco es tan distante: aquella del abandono del Estado de sus funciones primarias, y su atrincheramiento detrás de una idea ya anticuada de que se debe replegar para ser efectivo. La enseñanza de la pandemia (y de tantas otras crisis en nuestra región y en Europa, por ejemplo) es otra: que el Estado fuerte, capaz de estar en proximidad de la ciudadanía para ofrecer servicios de calidad, que cobra impuestos y logra redistribuir el dinero y el poder, es el Estado que podrá crear bienestar y por lo tanto, el único que pasará a la historia como el que habrá construido un futuro distinto para nuestro país.