En la Ciudad de México se despenalizó el aborto el 27 de abril de 2007, después de una larga trayectoria de reclamo de derechos. No han faltado objeciones y obstrucciones al proceso, la más reciente es la introducción de un dictamen de la Comisión de Salud (fechado 28 septiembre de 2017), para modificar la Ley General de Salud. Y con ella, México se une a la alineación de países (en retrógrado) que ponen a discusión, negociación o referendo los derechos sexuales y reproductivos (DSDR) de las mujeres.

 La iniciativa se refiere a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y propone extender la objeción de conciencia a profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que formen parte del Sistema Nacional de Salud (SNS). En papel, esta medida les excusa de participar en la provisión de servicios como el ILE cuando contravenga su libertad de conciencia, siempre y cuando esto no ponga en riesgo la vida de la paciente y no constituya un delito. En la práctica, esto es sumamente problemático si no se proveen medidas reales, efectivas y presupuestarias que aseguren el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Países como Australia permiten la objeción de conciencia, pero la ley establece que la paciente debe ser  referida a otro practicante que sí provea el servicio. Yo viví en Australia. El salario promedio semanal para mujeres jóvenes en 2017 es de $1,387.10 AUD (equivalente a $20,271.75 MXN). Anualmente, 87% de las mujeres acceden a beneficios del sistema de salud público (Medicare). Sin embargo, 79.1% de la población tiene seguro médico privado, lo que amplía sus opciones de atención. El aborto está criminalizado con excepciones en 1 de 7 estados y está parcialmente cubierto por Medicare.  El sistema australiano, como el mexicano, tiende a fallarle a las mujeres rurales e indígenas, quienes son dos veces más propensas a decesos por complicaciones a partir de embarazos.

A pesar de esta similaridad, México no es Australia.

En México, tenemos un sistema de salud público con enorme potencial y capacidades limitadas. Tenemos una política pública de salud con alcances importantes, pero también brechas de implementación con implicaciones fatales. Afortunadamente, tenemos también una sociedad civil que no quita el dedo del renglón: El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado la extensión del costo humano que genera la violencia obstétrica y sexual, así como el asalto a los derechos laborales, reproductivos y sexuales de las mujeres mexicanas. Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) abren el diálogo sobre el derecho a decidir. Nuestras colegas de Oxfam en LAC pelean por causales que permitan a miles de mujeres acceder al aborto sin riesgo legal ni de salud.

Cualquiera que se haya formado en ventanilla para acceder a un servicio médico público en México sabe que ser referida a un proveedor disponible y con disposición a la ILE no es una expectativa práctica ni realista. Menos cuando este procedimiento se hace a contra-reloj, en una sola entidad del país (sin causales ni condicionales), en clínicas saturadas, y con costos muy superiores al poder adquisitivo de una adolescente, una trabajadora del sector informal, una madre de familia o una mujer joven sin acceso a servicios de salud de ley.  

Al aprobar este dictamen, nuestros representantes han reducido las opciones y limitado las posibilidades de vida a las mujeres como clase, pero muy específicamente a aquellas que no tienen el  privilegio de libre acceso y disposición de información clara, tiempo disponible, transporte adecuado, recursos económicos, apoyo emocional y protecciones de ley  para buscar una segunda o tercera opción médica.

Dadas las condiciones y capacidades del sistema de salud del país, introducir la objeción de conciencia como figura legal implica una cesión de responsabilidad del estado a la ciudadanía; implica evaluar con pasión y valores no-verificables de lo que por ley es desapasionado y regulado por nuestras normas (NOM 046); implica cuestionar la autonomía corporal de las mujeres, pasando sentencia de pobreza, violencia e incluso muerte a muchas mexicanas.

Para ser más ‘coloquial’: pasar este dictamen al aplauso de un público conservador implica crucificar los derechos sexuales y reproductivos  inalienables de las mujeres a quienes les hemos profesado solidaridad y fuerza en Septiembre 2017.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor o autora y no necesariamente reflejan la postura oficial de Oxfam México

Crédito de la imágen: Kim Piaget