Investigador de Oxfam México para el proyecto “La economía política de la injusticia fiscal”

En muy pocas ocasiones, los vicios y deficiencias del federalismo fiscal en México ocupan las portadas de los periódicos. Pero las recientes acusaciones de Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua por el PAN, en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por retener la entrega de recursos federales a su entidad, han dejado al descubierto uno de los cimientos más frágiles de las finanzas públicas mexicanas: el Ramo 23.

El gobernador de Chihuahua acusa que la retención de los recursos sucedió luego de que su gobierno emprendiera acciones legales contra distintos funcionarios estatales de la administración anterior, por haber desviado recursos públicos al PRI.

El Ramo 23 contempla fondos asignados a estados y municipios entre la SHCP y la Cámara de Diputados federal, cuyos objetivos centrales son (1) distribuir los recursos excedentes a otras instancias públicas; y (2) administrar una serie de programas específicos, ya sean operados por el gobierno central, o distribuibles a entidades y municipios. Es en ésta última categoría en la que se inscriben los fondos que el gobierno de Corral reclama, y que pueden ser empleados en categorías tan diversas como la construcción de infraestructura social, la pavimentación de calles, el apoyo a migrantes o el fortalecimiento financiero de los gobiernos locales.

Más allá de lo dicho por el gobernador panista, la magnitud de los fondos que comprende este Ramo es importante, pues asciende a 156 mil 463 millones de pesos, casi 3.5% del total del gasto esperado a nivel federal en 2018. Puesto de otro modo, estos fondos equivalen a 1.7 veces los recursos asignados al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel nacional. No obstante, como ya lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, solo una fracción de esta cantidad tiene reglas de operación claras y bien establecidas. El resto se encuentra en la opacidad y su operación parece tener fines políticos.

A continuación, se enlistan tres problemas de este Ramo en torno a su diseño, ejecución y control.

El rol de las negociaciones políticas en la obtención de recursos

No existe un mecanismo formal de solicitud por parte de las entidades y municipios para tener acceso a los recursos de la partida “Proyectos de Desarrollo Regional”, que forma parte de este Ramo. El criterio de asignación de estos recursos más bien obedece al poder de negociación de cada entidad en función de su peso político, la cantidad de dinero con la que cuente para pagar a cabilderos y en número de diputados afines en el Congreso.

Por lo anterior, esta partida es conocida coloquialmente como la de «los moches», ya que se ha documentado que los legisladores tienen arreglos opacos con gobernantes locales, que consisten en conseguir recursos federales para financiar obras en los estados, a cambio de favores políticos o un pago equivalente a un porcentaje de la obra en cuestión. La principal evidencia de la importancia de estas negociaciones recae en que las y los diputados aprueban 180 veces más recursos de los que propone la SHCP en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) dentro del rubro de “Proyectos de Desarrollo Regional”.

Falta de criterios de pobreza o desigualdad para la asignación de recursos

Aunque la asignación de los recursos incluidos en los “Proyectos de Desarrollo Regional” no se decide en función de cuánto aportan los estados y municipios a la economía nacional, la mayor parte del monto total va a las entidades con mayor nivel de desarrollo. Esta distribución de los fondos, lejos de cerrar las brechas entre las regiones del país, las exacerba al dejar atrás a los estados y municipios más pobres.

La única excepción a lo anterior es el Fondo Regional, que apoya al combate a la desigualdad por medio de la transferencia de recursos a las 10 entidades con menor Índice de Desarrollo Humano. Sin embargo, éste comprende solo el 1.5% de los recursos del Ramo 23 para el año 2018.

Falta de transparencia en los proyectos

Los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional no obligan a las entidades y municipios a rendir cuentas ni entregar análisis técnicos sobre los proyectos que implican inversiones menores a 30 millones de pesos. Lo anterior implica que, en 2018, solo 100 de los 1494 proyectos en este rubro, 6.7% del total, tienen la obligación de elaborar una nota técnica que contenga una descripción detallada del proyecto, con los precios de compra, insumos, tiempos, entre otros detalles. Los otros 1394 proyectos por debajo de los 30 millones de pesos tienen entonces un gran margen de opacidad.

Las acusaciones del gobernador Corral en torno a la retención de recursos para su estado, son una oportunidad para evaluar si el Ramo 23, señalado por su falta de transparencia, ha tenido algún impacto real en el desarrollo equilibrado y equitativo del territorio nacional, que es uno de los fundamentos del federalismo en México.

En un país con altísimos niveles de pobreza y desigualdad económica y social, y con niveles de recaudación fiscal tan bajos, asignar recursos federales con criterios que obedecen a la captura política y no a la eficiencia, es grave, y sólo seguirá acentuando estos problemas.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor o autora y no necesariamente reflejan la postura oficial de Oxfam México

Imagen principal tomada de http://www.mugsnoticias.com.mx/ el 19 de enero de 2018 a las 4:57 pm
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Este texto fue publicado originalmente en HuffPost México