¿Cuántas veces te has quejado por el color y sabor del agua o por las fallas en el suministro en la zona donde vives?, ¿sabes quiénes toman las decisiones sobre la calidad y cantidad de agua que recibes?

La Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; las guías para administración, manejo y cuidado del agua, no están adaptadas a las múltiples realidades que se viven en México. Estos documentos plantean una estructura ambigua y poco clara de la administración, manejo y sus responsables para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, plasmado en la Constitución Mexicana desde 2012.

Y para muestra un botón: el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es elegido a discrecionalidad por el ejecutivo federal, aunque no sea la mejor opción. Un ejemplo es David Korenfeld, el ex director de CONAGUA, a quien recordamos por sus viajes en helicóptero y porque fue uno de los principales promotores de la privatización del agua en nuestro país.

Esta dinámica se replica a lo largo de las instituciones a nivel federal, estatal y municipal, y es en este laberinto donde la ciudadanía -en especial mujeres, niñxs, jóvenes y comunidades indígenas- no cuentan con voz ni voto en el manejo del agua, un bien común natural que se debe garantizar para ejercer otros derechos, como el derecho a una vida digna, a un medio ambiente sano, a la equidad de género, a la salud, a la educación y a la alimentación, entre otros.

Como una espiral que viene de las altas esferas del poder, los organismos de participación ciudadana están capturados por diversas cámaras de comercio, industrias privadas y organizaciones civiles disfrazadas, en beneficio de intereses particulares que manipulan los marcos normativos con la finalidad de adaptarlos a su beneficio. Tal es el caso del Consejo Consultivo del Agua, A.C., que analiza y evalúa aspectos de la problemática hídrica con el apoyo y consejo de empresas como Grupo Carso, Grupo Bal, Grupo ICA, Suez Environment, FEMSA, Grupo Peñafiel, Grupo LALA, CCM-Heineken México, entre otros actores que han sido señalados por ser grandes consumidores de agua.

El modelo actual de gestión del agua propuesto por el Estado es poco sostenible e incentiva el extractivismo desmedido, ya que la ley cataloga el agua como de utilidad o interés público priorizando las concesiones a intereses económicos gubernamentales y privados.

¿Cómo se reparte el agua?

Se da prioridad a las concesiones a ciudades, municipios y estados para megaproyectos de trasvases, los cuales extraen grandes volúmenes de agua para transportarla grandes distancias y abastecer a otras zonas. Y, por otro lado, se deja a poblaciones sin agua e indefensas ante estas obras ineficientes, costosas y que no garantizan el acceso al agua a la población.

De igual forma se otorgan concesiones de grandes volúmenes de agua al sector privado como la industria alimenticia, minera, de transformación y generación eléctrica, dejando sin agua a comunidades que la utilizan para cultivar como modo de sustento.

Debemos buscar alternativas a este modelo monolítico y poco sostenible. Podemos voltear a ver lo que hemos subvalorado, como los modelos comunitarios de manejo integral del agua que han demostrado ser una alternativa viable para el manejo sustentable de este bien público. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer y es el Estado quien debe garantizar y reconocer estos modelos alternos.

Este es el caso de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), que agrupa a 16 comunidades indígenas zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca que llevan 11 años defendiendo no sólo su derecho humano al agua y saneamiento; sino también su derecho como pueblo originario al manejo, uso y disfrute del agua, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres.

Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, debemos evitar que el Estado siga tomando decisiones por nosotras, de no hacerlo estamos destinando a nuestras hijas e hijos a un futuro de crisis hídrica como el que se está viviendo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde se ha tenido que racionar el consumo a menos de 85 litros por persona para garantizar el abasto.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor o autora y no necesariamente reflejan la postura oficial de Oxfam México