El agua dulce es un bien común fundamental para la vida. Debido a su importancia la respon sabilidad de su cuidado recae sobre la humanidad en su conjunto; no obstante, en estos últimos años estamos viviendo una situación alarmante a escala mundial, pues se le despilfarra y contamina
sin escrúpulos. En este contexto el agua fluye hacia el poder generando una profunda desigualdad, pues no todas las personas tenemos acceso a este bien, violándose nuestro derecho humano al agua.
Al tratar de entender las causas de la desigualdad en el contexto mexicano, se advierte que el elemen- to central es la prevalencia de un sistema político histórico insostenible que excluye y despoja a los pueblos y comunidades campesinas e indígenas de este bien común natural. Pese a este entra- mado jurídico y político que vive toda la ciudada- nía, las comunidades y pueblos de campesinos e indígenas siempre hemos buscado una alternati- va para solventar con todos los medios a nuestro alcance, la necesidad ineludible del vital líquido. Lo hacemos porque dependemos del agua no sólo para el consumo humano sino también para garantizar nuestra existencia misma, a través de nuestra agricultura de subsistencia. El agua es la sangre de la madre tierra, ella da la vida. Con esta visión, la COPUDA ha implementado un manejo comunitario que siembra y cosecha agua, además, nos nutrimos de los comentarios de expertos, implementamos tecnologías nove- dosas, nos abrimos constantemente al diálogo pues como hemos señalado su conservación es tarea de todos y todas. Claro está, todo lo que hemos hecho y por todo lo que seguiremos ha- ciendo, la propuesta que ahora presentamos a la CONAGUA, busca emprender la valiosa tarea de administrar el precioso bien del agua.
Hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones durante la Etapa deliberativa del proceso de consulta y consentimiento que está en curso en nuestras comunidades; en nuestras asambleas co- munitarias, analizamos la situación que actualmente estamos viviendo, así como la información que disponemos respecto de nuestros derechos y el estado del acuífero en nuestra región para generar una propuesta que realmente armonice nuestros derechos con la función administrativa que desarrolla el Estado.
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