Reforma fiscal es indispensable para garantizar derechos básicos, combatir la pobreza y superar la pandemia por COVID-19

Ciudad de México, 17 de enero 2022 – Una reforma fiscal de fondo que limite los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes, mejore la recaudación de impuestos como el predial, y grave el patrimonio y la riqueza es indispensable para reducir la pobreza y garantizar derechos básicos como la salud en un contexto de pandemia por COVID-19.

En el marco del Foro Económico Mundial 2022, Oxfam México; Fundar, Centro de Análisis, A. C. y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) presentaron el informe “Reforma Fiscal: punto de partida hacia la igualdad pospandemia en México”. A lo largo de seis capítulos, especialistas analizan por qué México es un Estado insuficiente en términos fiscales y advierten la urgencia de implementar cambios profundos en el manejo de las finanzas públicas.

La pandemia por COVID-19 ha provocado una crisis económica a nivel mundial, se calcula que 97 millones de personas viven con menos de 1.90 dólares al día y otros 163 millones viven con menos de 5.50 dólares al día desde el inicio de la pandemia. Dicho de otra manera, se han perdido entre 3 y 4 años de progreso hacia la erradicación de la pobreza extrema. Por otro lado, cada año se pierden al menos 483 mil millones de dólares en ingresos gubernamentales debido a la evasión fiscal de las multinacionales. Esto sería suficiente para cubrir más de tres veces el costo de un régimen completo de vacunas COVID-19 para toda la población mundial.

“Avanzar hacia sociedades más solidarias requiere invertir en los sistemas sanitarios para que puedan proporcionar servicios de calidad a toda la población y donde el personal de salud -que tan heroicamente ha luchado contra el virus- tenga los recursos para seguir salvando vidas”, destacó Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.

Los ingresos que recauda México por impuestos equivalen al 13.1% del PIB; esto no es suficiente para hacer frente a la demanda de servicios de salud y para atender el resto de los problemas socioeconómicos que nos aquejan como la falta de crecimiento y el hecho de que el 43.9% de la población vive en pobreza. En términos de recaudación, México está por debajo de otros países del mismo nivel de ingresos. En 2019, Brasil, Argentina y Sudáfrica recaudaron 33.1%, 28.7% y 26.2% de su PIB, respectivamente. Esta anomalía ha sido uno de los retos más grandes para el desarrollo del país en el último siglo.

“El bajo desempeño redistributivo de nuestro sistema tributario es consecuencia de la falta de voluntad política por gravar el patrimonio de las personas más ricas del país. Aunque el consenso internacional cada vez apunta más hacia la importancia de implementar un impuesto a la riqueza como herramienta para disminuir la desigualdad y reducir las emisiones de carbono por parte de las personas ultra ricas, debemos preparar el camino para que este impuesto sea una realidad”, exhortó Iván Benumea Gómez. Coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar.

El Estado está obligado a combatir la desigualdad y a transformar las condiciones de vida de millones de personas que viven en pobreza en México a través de políticas de desarrollo social. Sin embargo, eso no se logrará mientras el sistema tributario siga permitiendo que quienes más tienen, paguen menos y mientras tengamos un espacio fiscal reducido para hacer política pública: 7 de cada 10 pesos de ingresos públicos se dirigen a cubrir gastos comprometidos como son el pago de deuda, pensiones y transferencias a estados y municipios, lo que deja alrededor de 2 puntos del PIB para mejorar e innovar las políticas públicas dirigidas a salud, educación e infraestructura.

 

Sin fondos adicionales, no es posible financiar los servicios públicos de acceso al agua o al saneamiento, o a las guarderías y asilos, lo que sigue aumentando la carga de trabajo de las mujeres, que son las más afectadas por la pandemia.

A este panorama hay que sumar el envejecimiento de la población y la caída en la fertilidad que cambiarán radicalmente la estructura laboral y provocarán mayor presión a las finanzas públicas, dado que la población adulta mayor requerirá más recursos públicos para el pago de pensiones, para establecer un sistema de cuidados y para la atención a la salud.

“Antes de que se nos termine el bono demográfico, debemos diseñar e implementar políticas que consideren este envejecimiento y que permitan, por un lado, incorporar a más mujeres y personas adultas mayores al mercado laboral y, por otro lado, hacer el gasto más eficiente y menos desigual para la población”, explicó Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva de CIEP.

Una nueva política fiscal implica un gran desafío en un país en el que 4 de cada 10 personas consideran que es justo evadir impuestos por la corrupción del gobierno, sin embargo, la crisis de derechos y el aumento en la pobreza exige actuar de inmediato en varios frentes:

  • Hacer de México el país líder en diferentes foros multilaterales sobre fiscalidad para promover un sistema fiscal más equitativo globalmente.

  • Crear mecanismos legales que limiten la discrecionalidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para otorgar privilegios fiscales a los grandes contribuyentes.

  • Impulsar una reforma para gravar el patrimonio y la riqueza retomando las mejores prácticas de la región.

  • Diseñar una estrategia de fomento a la inversión pública y privada con énfasis en alcanzar los Objetivos de

    Desarrollo Sostenible hacia el 2030.

  • Reformar a fondo el sistema de pensiones mexicano para mantener el espacio fiscal del gobierno federal.

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