Ante la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos por el brote de coronavirus COVID-19, la prioridad inmediata es frenar la propagación. Sin embargo, como resultado de esta pandemia, no solo enfrentaremos retos de gran magnitud en términos de salud pública, sino también en el aspecto económico y social que requieren tomar acciones inmediatas y urgentes.

Por ello, hacemos un llamado a las autoridades de los gobiernos estatales y federal para:

• Acelerar las acciones para lograr la contención, mitigación y atención de los contagios. Para ello es necesario asegurar los recursos financieros para realizar pruebas de detección y asegurar la atención especializada cuando incremente el número de personas contagiadas. Asumir el compromiso de que cuando se descubran las vacunas y los tratamientos, estos estén disponible gratuitamente para todas personas.

• Garantizar que existen condiciones de acceso a la salud en las zonas donde hay mayor tasa de contagio y en las regiones del país con menos oferta de servicios de salud y que estas incluyan interpretación donde se hablan lenguas indígenas.

• Atender grupos de población con acceso limitado a agua; proveer de acceso suficiente y de calidad a este recurso, con acciones inmediatas de higiene y saneamiento para prevenir el contagio como: proveer insumos para la limpieza y desinfección de los hogares y lugares de trabajo, limpieza y desinfección de espacios públicos, la instalación de puntos de lavado de manos y campañas para la promoción de buenas prácticas de higiene.

• Liberar inmediatamente las personas en tránsito detenidas a lo largo del país y dar a conocer los protocolos para prevenir el contagio y atender casos en los centros de detención migratoria.

  Además del riesgo sanitario y las medidas emergentes para contener la propagación del virus en grupos particularmente vulnerables como: las personas mayores o con alguna afección médica previa, migrantes y solicitantes de asilo confinadas o detenidas; para atender a la población en riesgo y enferma, es importante actuar con oportunidad para limitar el impacto económico de la emergencia.

  En términos económicos, sociales y de género, la caída en la actividad económica amenaza con desencadenar una fuerte recesión estimada entre 3% a 4% del PIB para 2020. Ello sin duda afectará desproporcionadamente a las personas

trabajadoras más pobres y con empleos precarios. De acuerdo con INEGI, más de la mitad de la población ocupada en México (31 millones de personas) se encuentra en la informalidad laboral, y según el CONEVAL, 37% de las personas trabajadoras no puede costear la canasta alimentaria con sus ingresos laborales.

De acuerdo con cifras de la OMS, las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral en el sector social y de salud, lo que las pone en la primera línea frente a la epidemia. Además, la sobre carga de trabajo de cuidados que engloba actividades como el cuidado de los niños y niñas, de las personas mayores, de las personas con enfermedades o de las personas con algún tipo de discapacidad, además de las tareas domésticas diarias como cocinar, lavar, coser e ir a buscar agua, recae desproporcionada e injustamente en las mujeres. Por ello, es fundamental contar con un análisis de género e incluir a quienes cuidan en la toma de decisiones que les afectan.

El brote de coronavirus es un claro recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte también es desigual; aunque el miedo al contagio existe, la posibilidad perder la fuente de ingresos de quienes carecen de una red de seguridad social es peor, difícilmente podrán dejar de trabajar, lo cual las coloca en una situación de mayor peligro, por exposición al riesgo de contagio y por las afectaciones económicas que tendrá la recesión económica prevista.

En un contexto donde algunos actores del sector privado están anunciando medidas de recorte de personal, hacemos un llamado a gobiernos federales y estatales a diseñar e implementar las medidas regulatorias y programas para garantizar que las empresas y el sector privado respeten los derechos humanos de su plantilla, faciliten la posibilidad de licencias con goce de sueldo y a establezcan protocolos de prevención y atención que den certeza y seguridad a las personas trabajadoras y sus familias.

Para hacer frente a esta contingencia, con la implicaciones económicas y humanas que conlleva, hacemos llamado al gobierno federal para implementar una política de recuperación económica que proteja los niveles de consumo y empleo, mitigue los efectos sociales de una posible recesión, y abandone la política de disciplina fiscal para poder asignar recursos financieros para promover el crecimiento económico. En este contexto, es urgente implementar programas emergentes de transferencias monetarias no condicionadas que ayuden a mitigar la vulnerabilidad económica de millones de personas.

Una discusión impostergable cuando México salga de la crisis será sobre un sistema fiscal progresivo capaz de generar recursos suficientes para que el Estado tenga un sistema de salud y protección social robusto. La actual crisis ha puesto en evidencia la necesidad de un Estado fuerte, capaz de hacer frente a situaciones de emergencia.

La política económica debe poner los derechos de las personas por delante, no la preservación de los privilegios de las élites económicas.

En el ánimo de mantener un diálogo abierto que permita mejorar las condiciones y los medios de vida de las personas en México, estaremos incluyendo recomendaciones y propuestas bajo un modelo centrado en derechos universales para resolver los retos

de manera conjunta con sociedad civil, academia, sector privado y gobiernos locales y federal.