A 15 años de la lucha por el cuidado y la defensa del agua, y a 10 meses de la firma de acuerdos entre CONAGUA y las 16 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca que conformamos la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua; denunciamos el incumplimiento por parte de la Comisión Nacional del Agua, con lo cual; el actual gobierno nos está negando el derecho a participar en la administración comunitaria de los recursos hídricos y lesiona nuestros derechos como pueblos indígenas y al agua en nuestros territorios ancestrales.

No observamos voluntad política de la CONAGUA para cumplir con los acuerdos pactados entre las 16 comunidades de la región Xnizaa y la CONAGUA el 12 de octubre de 2019 en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, por lo cual exigimos:

1.- Audiencia con el presidente de la república Lic. Andrés Manuel López Obrador para exponer nuestro caso y la serie de atropellos de los que hemos sido objeto durante todo el proceso de consulta indígena, que tiene de fondo un trato racista y clasista, negando a través de la actual Ley de Aguas Nacionales, nuestro legítimo derecho como pueblos y comunidades indígenas a participar en la administración y cuidado del agua en nuestros territorios, favoreciendo el uso industrial, así como la asignación de concesiones bajo un criterio discriminatorio.

2.- Exigimos el cumplimiento de acuerdos firmados por la titular de CONAGUA Blanca Jiménez Cisneros el 12 de octubre de 2019 ante las 16 comunidades, acto al que asistieron como testigos el titular del INPI Adelfo Regino Montes, el titular de la SEMARNAT Víctor Toledo Manzur, así como representantes del gobierno estatal y organismos nacionales e internacionales como el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Jean Jarab.

3.- Exigimos al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Sherer Ibarra, una respuesta por escrito sobre la aceptación o rechazo del proyecto de decreto que se remitió a su instancia, posterior a la publicación en CONAMER, sin que en este lapso de consulta pública fuera observado.

Es importante precisar que desde hace más de 15 años encabezamos un importante movimiento para el cuidado y la defensa del agua que nació de la necesidad de buscar soluciones a la sequía, así como a una serie de políticas discriminatorias emprendidas desde el Estado, que en el año 2005 agravaron la situación del desabasto de agua. De esta forma emprendimos el camino legal para superar los problemas administrativos derivados de una veda en la región, que nos limita a las comunidades indígenas y campesinas el acceso al agua.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió a nuestro favor para poner en marcha una consulta indígena, con el objetivo de buscar acuerdos e iniciar un proceso de modificación al decreto de veda para garantizar nuestro derecho al agua. Es así que, después de 4 años de consulta, firmamos 6 acuerdos, de los cuales, la CONAGUA no ha cumplido con la parte que le corresponde. Los acuerdos son:

1. Armonización de leyes y tratados internacionales para reconocer los derechos territoriales de las comunidades por parte del Ejecutivo Federal.

2. Participación de las comunidades en la administración del agua subterránea a través de reglamentos internos comunitarios.

3. Obligación de la CONAGUA, en la emisión de normas que reconozcan los derechos territoriales y se crea la figura de concesión colectiva otorgada a las comunidades.

4. Obligación de la COPUDA para seguir realizando obras de captación de agua.

5. Trabajo coordinado entre la COPUDA y CONAGUA, para implementar acciones a favor del cuidado del agua y el mejoramiento del sistema de riego para asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos.

6.- Cierre de la cuarta etapa del proceso de consulta e inicio de la quinta etapa de seguimiento y verificación de acuerdos.

Para lograr lo anterior, se elaboró una propuesta de modificación al decreto de veda que refleja nuestras legítimas demandas. En la construcción del documento participaron representantes del INPI, SEMARNAT, CONAGUA y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, resultando un documento consensado, que fue enviado a la CONAMER y posteriormente a la Consejería Jurídica de Presidencia de la República para evaluar su pertinencia y posterior firma a cargo del Ejecutivo.

Hasta el momento no hemos obtenido respuesta de las instancias involucradas en esta última fase, nos referimos a la Consejería Jurídica de Presidencia encabezada por Julio Sherer Ibarra y la CONAGUA que preside Blanca Jiménez Cisneros.

Resultan preocupantes las frecuentes evasivas de las instituciones mencionadas, así como el papel que asumen frente a los actuales conflictos hídricos en el país, mismos que afectan principalmente a personas campesinas y comunidades indígenas.

Con su silencio la CONAGUA y la Consejería Jurídica nos niegan a los indígenas zapotecas nuestro derecho al vital líquido de forma accesible, suficiente, salubre y asequible evidenciando además la inoperancia de la actual Ley de Aguas Nacionales y su falta de vinculación con los artículos 2° y 4o constitucional en la que ya se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua.

La nula intervención de la Comisión Nacional del Agua ante la contaminación del Rio Coyote en en la zona de Valles Centrales de Oaxaca por parte de la minera Cuzcatlán y la campaña emprendida para renovar cerca de 531 mil concesiones bajo la lógica mercantilista de la actual Ley de Aguas Nacionales, nos alarman, dado que vulneran los derechos colectivos.

Exigimos a la Dra. Blanca Jiménez Cisneros titular de CONAGUA, dejar la simulación y cumplir de una vez por todas con los compromisos adquiridos con nuestros pueblos, al mismo tiempo fijar claramente una postura respecto a la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la nueva Ley General de Aguas, cambiando así la política hídrica nacional de saqueo sistemático de nuestros bienes naturales que ponen en riesgo nuestra subsistencia.