Sembrando agua, sembrando esperanza

La lucha por el acceso justo al agua en los Valles Centrales de
Oaxaca, México

Las y los Sembradores de Agua son personas campesinas e indígenas zapotecas que desde hace diez años defienden su derecho al agua a través de prácticas comunitarias para su cuidado y aprovechamiento. Pertenecientes a 16 comunidades en los Valles Centrales en Oaxaca, se agrupan con ese propósito en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA). Juntas, dichas personas han diseñado y construido sus propias obras de captación de agua de lluvia, asumiendo como propia la responsabilidad de regenerar el agua de la región, de la cual depende su sustento.

Oxfam México se suma hoy de manera pública a este proceso de defensa del acceso justo al agua en los Valles Centrales de Oaxaca, México, en la convicción de que todas las personas deben tener un acceso justo a los bienes naturales, y de que la innovación y propuestas ciudadanas son fundamentales para la construcción de una economía más humana y el combate a la desigualdad.

 

 La escasez de agua en los Valles Centrales es resultado de diversas decisiones puntuales. En 1985 por iniciativa gubernamental se desecaron las ciénegas de la región y con ello se logró contar con más tierra disponible para campos de cultivo. Sin embargo, la humedad del suelo se perdió rápidamente y diez años después el nivel de los pozos había descendido notablemente. Para el año 2005, la región enfrentaba ya una grave sequía.

Ese mismo año el gobierno federal decidió hacer efectivo un Decreto de Veda de agua subterránea para los Valles Centrales de Oaxaca que data del año de 1967, y que impide a las campesinas y campesinos el libre aprovechamiento de los pozos agrícolas de la región si no cuentan con un título de concesión que expide la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Al mismo tiempo, dicho título de concesión es requisito para que esas personas puedan acceder a la energía eléctrica para la extracción de agua a precios subsidiados por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este marco regulatorio afecta de manera negativa el bienestar de las y los campesinos de la región porque, al tratarse de personas de ingresos bajos, les impone muy altos costos en la extracción del agua, y por tanto limita su acceso al agua necesaria para sus cultivos. Esto genera un círculo vicioso pues esas personas dependen casi totalmente de sus cultivos para tener acceso a un mínimo de alimentación e ingresos. En busca de alternativas, las comunidades agrupadas en la COPUDA iniciaron la construcción de obras para la captación de agua de lluvia tales como retenes, ollas y pozos de absorción, mediante los cuales lograron recuperar el nivel del agua subterránea de la región en tan solo 10 años. Con este proceso, y a pesar de un entorno desfavorable, la COPUDA desarrolló y consolidó un innovador sistema comunitario de uso y gestión del agua que han mostrado ser altamente efectivo y un ejemplo a seguir en otros lugares del país y del mundo.

Este caso es un ejemplo de las enormes desigualdades que propician algunas decisiones públicas. Mientras por un lado el Estado mexicano ha generado enormes facilidades para atraer inversión nacional e internacional a sectores de la economía como el minero o el energético, por otro lado ha dificultado el acceso justo a medios fundamentales de vida a diversas personas y comunidades en el país.

Las personas y empresas que invierten en dichos sectores económicos suelen contar con voz e influencia en el marco regulatorio que las rige, lo cual les permite operar en condiciones suficientemente favorables. Por el contrario, miles de personas y comunidades campesinas e indígenas de México carecen de la voz y la influencia necesarias para participar de la misma forma, por lo cual suelen enfrentar marcos regulatorios injustos y que obstaculizan sus posibilidades de desarrollo de largo plazo. Tal es el caso de las comunidades que se agrupan en la COPUDA, quienes defienden su derecho al agua en un contexto que les ha excluido de la toma de decisiones que les afectan directamente.

Entre 2009 y 2012, en alianza con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto (CDI Flor y Canto), la COPUDA interpuso una serie de recursos jurídicos buscando la revisión del Decreto de Veda de 1967. En una lucha organizada de 5 años estas comunidades consiguieron que un tribunal instruyera a la Conagua a que implemente un proceso de consulta a los pueblos indígenas afectados con el fin de incluir su voz y su posición con respecto a dicho Decreto, y como parte del proceso para determinar si procede la modificación del Decreto en cuestión.[1]

El proceso de consulta a estas comunidades empezó en agosto de 2015 y tiene cinco etapas. A partir del 8 de febrero de 2017, la consulta entrará en su tercera etapa, la cual es clave para el proceso porque involucra reuniones y asambleas donde se presentará ante Conagua la propuesta de COPUDA para modificar el Decreto de Veda de 1967. En alianza con COPUDA y con el CDI Flor y Canto, Oxfam México se suma hoy de manera pública a este proceso de defensa del acceso justo al agua y enfatiza la importancia de llevar a cabo la consulta antes mencionada con pleno respeto a los derechos de las personas y comunidades en cuestión, y respetando su voluntad con un espíritu propositivo que propicie el acceso justo al agua en los Valles Centrales de Oaxaca. Así lo establecen los mecanismos e instrumentos de derechos humanos en la materia a nivel nacional e internacional. Un proceso de consulta con esas características sería un ejemplo de buenas prácticas de gobierno para el cuidado y aprovechamiento de los bienes comunes naturales en México y el mundo, y por tanto un ejemplo también de buenas prácticas en el combate a la desigualdad social.

Conoce la propuesta completa de la COPUDA  aquí 

El acompañamiento de Oxfam México a la COPUDA ha sido posible
en parte gracias al apoyo de la Uníón Europea. Esta publicación
también fue realizada ese apoyo. Su contenido es responsabilidad
exclusiva de quien lo pública y en ningún caso debe considerarse
que refleja los puntos de vista de la Unión Europea

 

[1] La consulta previa libre e informada (CPLI) es un derecho humano y una herramienta importante de participación democrática de los pueblos y comunidades indígenas, que representan el sector más marginado de la población, para que puedan decidir sobre leyes, programas, proyectos y otras medidas que puedan afectar sus territorios. La sentencia en cuestión fue emitida por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 22 de abril de 2013.

 

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