Contexto

La desigualdad económica está fuera de control. En 2019, las 2,153 personas poseían más riqueza que 4,600 millones de personas, es decir 60% de la población mundial.

En nuestro país, el 1% más rico tiene más de ocho veces la misma cantidad de riqueza que las 62 millones de personas en situación de pobreza por ingresos. Esta acumulación extrema está construida sobre sobre miles de millones de horas de trabajo de cuidados que mujeres y niñas llevan a cabo. Es decir, la desigualdad es consecuencia de un sistema económico injusto y patriarcal que favorece a unos cuantos a costa del trabajo gratuito o mal remunerado de millones de mujeres que cuidan a personas en situación de dependencia (principalmente, niñas y niños, personas enfermas o con discapacidad y adultos/as mayores) y se encargan de las actividades básicas para que las personas, regularmente hombres, se desempeñen laboralmente (alimentación, vestido, administración del hogar, etcétera).

La desigualdad en las labores de cuidados crea un ciclo vicioso de desigualdad económica y de género, que impide a las mujeres acceder a servicios de educación y salud; empleo digno y suficiente; participación política; contextos libres de violencia; y, en general, medios y bienes que les permitan construir y disfrutar de vidas plenas y satisfactorias.

Trabajo de cuidados y desigualdad en México

La provisión de los cuidados en México se basa principalmente en el trabajo gratuito, precario e invisible de una mayoría de mujeres jóvenes y adultas, lo cual genera desigualdad entre mujeres y hombres, y entre las propias mujeres. Es decir, la forma en que se organiza socialmente la provisión de los cuidados en el país impide a millones de mujeres acceder a educación, salud, empleo digno y suficiente, participación política, contextos libres de violencia y todo aquello que signifique para ellas construir y disfrutar de vidas plenas y satisfactorias.

En México, los hombres dedican en promedio 4 horas menos que las mujeres al trabajo no remunerado de cuidados, y las personas de hogares con ingresos más altos dedican menos horas a este trabajo que las de hogares con ingresos más bajos. En un país históricamente afectado no sólo por el sexismo, sino también por el racismo, el clasismo y otras formas de opresión, esta carga de trabajo es particularmente grave para las mujeres que suelen ser discriminadas por factores como: su color de piel, etnia, idioma, edad, identidad y orientación sexual, condición de salud, nivel de educación formal, localización geográfica y estatus migratorio, entre otros. Estos factores no existen de manera aislada y se combinan en distintos contextos para afectar a muchas mujeres más que a otras, y a todas ellas más que a los hombres.

Por otra parte, cuando el trabajo de cuidados es remunerado (el llamado trabajo doméstico o del hogar), éste se paga mal y en condiciones y con beneficios laborales muy por debajo de la ley o francamente nulos. El 98% de las trabajadoras domésticas no tiene contrato, sólo 5% recibe vacaciones y el 15% aguinaldo. Esto amplía la diferencia entre las mujeres y hogares que pueden adquirir servicios de cuidados privados, y quienes no pueden hacerlo y por tanto realizan extenuantes dobles o triples jornadas de trabajo –un ejemplo de esto son las mujeres migrantes o de origen indígena que, además de hacerse cargo de su hogar y familia, ofrecen sus servicios de cuidado de manera informal en contextos urbanos a la población más privilegiada.

Así, el nexo entre el trabajo de cuidados no remunerado y el trabajo del hogar remunerado precario, representa un eje fundamental de reproducción y profundización de la desigualdad que existe en México, tanto entre hombres y mujeres, como entre mujeres de distintos contextos y características. Uno depende del otro y ambos deben ser resueltos de manera equitativa para poder construir un país más justo desde su propia raíz.

Un sistema económico más justo debe respetar el marco de las 4R. (1) Reconocer el trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado, realizado principalmente por las mujeres, como un tipo de labor que aporta un valor real; (2) reducir el número total de horas que las mujeres dedican a las labores de cuidados no remuneradas; (3) redistribuir el trabajo de cuidados de forma más equitativa dentro de las familias y, al mismo tiempo, trasladar labores al Estado y al sector privado; y (4) representar a las proveedoras de cuidados más excluidas, garantizando que se tengan en cuenta sus puntos de vista en el diseño y ejecución de las políticas, sistemas y servicios que afectan a sus vidas.